EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ANULA LAS TASAS JUDICIALES

Las conocidas tasas judiciales que tanta polémica han acarreado desde su implantación han sido declaradas nulas por el  Tribunal Constitucional, el cual  ha dictado Sentencia por la que declara  inconstitucionales el apartado 1 y 2 del artículo 7 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, que establecía las cuotas tributarias fijas y variables que toda persona jurídica debía de abonar para promover el ejercicio de la potestad jurisdiccional.

Y señalamos personas jurídicas, porque es necesario recordar que las tasas judiciales ya sólo afectaban a éstas, toda vez que a las personas físicas se les eximió del pago de dicho tributo, por el Real Decreto-Ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social, cuyo artículo 11 establecía la exoneración de las tasas a las personas físicas.

Es necesario precisar que dicha Sentencia es estimatoria solo parcialmente, ya que considera que el establecimiento de las tasas no vulnera en sí mismo el derecho fundamental de los ciudadados a la tutela judicial efectiva del art. 24, pero sí que entiende que su cuantía (fija y variable) es desproporcionada y puede producir un efecto disuasorio en los ciudadanos e incluso imposibilitar que acudan a los Tribunales (como así de hecho a ocurrido).

El fin perseguido por la Ley es legítimo:

1. Evitar las situaciones de abuso que producían aquellos que no buscaban la tutela de los tribunales, sino las ventajas mediante la dilación de los procedimientos.

2. Sufragar la financiación de la Justicia mediante un modelo de financiación mixta

Pero aclara el TC que la finalidad de recaudación no se puede anteponer nunca a la preservación del derecho de acceso a la tutela judicial, contemplado en el art. 24 CE  que, por supuesto, se ha visto gravemente perjudicado por la imposición de estas tasas. La fijación de las tasas no es la medida idónea para conseguir racionalizar el ejercicio de la potestad jurisdiccional; ya que al fijarse una cuota fija, se diluye para todo aquel que dispone de medios económicos suficientes, pero sin embargo perjudica al que no los tiene y ejercita correctamente su derecho a recurrir.

El Constitucional concluye señalando que no existen razones objetivas que justifiquen la imposición de la tasa y además que no es idónea para cumplir los objetivos que se pretendían al implantarse, pero sí que lo considera un medio idóneo para conseguir un modelo de financiación mixta de la justicia.

Motivo por el que declara nulos los siguientes apartados del art. 7 de la Ley 10/2012:

  • El artículo 7. 1  de la Ley 10/2012 fijaba una cuota fija, en función de la clase de procedimiento en el siguiente sentido:
ORDEN JURISDICCIONAL CIVIL   ORDEN JURISDICCIONAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO   ORDEN SOCIAL
Verbal y Cambiario Ordinario Monitorio, monitorio europeo y demanda incidental en proceso concursal Ejecución extrajudicial y oposición a la ejecución de títulos judiciales Concurso necesario Apelación Casación y extraordinario por infracción procesal Abreviado Ordinario Apelación Casación Suplicación Casación
150 € 300 € 100 € 200 € 200 € 800 € 1.200 €   200 € 350 € 800 € 1.200 €   500 € 750 €

 

El TC ha declarado NULOS, los incisos que preveían las siguientes cuotas fijas en dicho apartado :

> ORDEN CIVIL: Apelación (800 €), Casación  y extraordinario por infracción procesal (1.200 €)

> ORDEN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO: Abreviado (200 €), Ordinario (350 €), Apelación (800 €), Casación (1.200 €)

> ORDEN SOCIAL:  Suplicación (500 €), Casación (750 €)

 

  • El artículo 7.2 de la Ley 10/2012, fijaba una cuota variable, a añadir a la fija del apartado anterior, que oscilaba conforme a la cuantía del procedimiento.

De tal manera que en aquellos procedimientos que tenían una cuantía entre o € y 1.000.000 € se les aplicaba un 5% sobre dicha cantidad, es decir, un 5% de la cuantía del procedimiento más la cantidad fija. Y si la cuantía era superior a 1.000.000 €, se le aplicaba un 0,25%. Hasta un máximo, en todo caso, de 10.000 €.

Apartado declarado igualmente NULO en su integridad.

 

Dada la repercusión que dicha declaración de nulidad pudiera tener en la práctica, el TC aclara en su Sentencia que, en virtud del principio de seguridad jurídica, la declaración de nulidad solo producirá efectos “pro futuro”, es decir, en relación con nuevos supuestos o con los procedimientos administrativos y procesos judiciales donde aún no haya recaído una resolución firme. Dice expresamente:

“No procede ordenar la devolución de las cantidades pagadas por los justiciables en relación con las tasas declaradas nulas, tanto en los procedimeintos administrativos y judiciales finalizados por resolución ya firme; como en aquellos procesos aún no finalizados en los que la persona obligada al pago de la tasa la satisfizo sin impugnarla por impedirle el acceso a la jurisdicción o al recurso en su caso (art. 24.1 CE), deviniendo con ello firme la liquidación del tributo. Sin prescindir del perjuicio que tal devolución reportaría a la Hacienda Pública, resulta relevante tener en cuenta a estos efectos que la tasano se declara inconstitucional simplemente por su cuantía, tomada ésta en abstracto. Por el contrario, hemos apreciado que dichas tasas son contrarias al art. 24.1 CE porque lo elevado de esa cuantía acarrea, en concreto, un impedimiento injustificado para el acceso a la Justicia en sus distintos niveles. Tal situaación no puede predicarse de quienes han pagado la tasa logrando impetrar la potestad jurisdiccional que solicitaban, es decir, no se ha producido una lesión del derecho fundamental mencionado, que deba repararse mediante la deovlución del importe pagado”.

Puedes leer íntegramente la Sentencia pinchando en este enlace

 

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